COMUNICADO OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS “EL PATIO DE MI COLEGIO” SOBRE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÚMERO 1 DE GIJÓN QUE ANULA LA HUELGA DE ABOGADOS DE OFICIO DE LETRADOS GIJONESES

Foro

En relación a la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón de 31 de julio de 2009 y en virtud de la cual se anula el acuerdo de la Junta General Extraordinaria del Colegio de Abogados de Gijón que decidía la suspensión de tramitación de solicitudes de designación de abogados de oficio, desde la Asociación de Abogados “El Patio de mi Colegio”, siempre desde el respeto absoluto debido a las resoluciones judiciales, no podemos compartir el contenido material y los razonamientos vertidos en la misma. Por ello, desde este foro deseamos hacer constar las siguientes manifestaciones:

I.        En primer lugar, indicar que la resolución judicial se notificó durante el mes de agosto, mes en que los despachos se encuentran cerrados, si bien el Juzgado en cuestión utilizó, a nuestro entender de manera irregular, al Procurador de guardia para practicar notificaciones, lo que ocasionó que muchos de quienes se encontraban personados no tuviesen conocimiento de tal resolución judicial hasta el mes de septiembre, habiendo precluido, en consecuencia, el plazo que tenían para recurrir. Y no deja de ser extraño tal proceder si tenemos en cuenta que el pleito llegó al Juzgado el día 2 de diciembre de 2008 y que se trata de un procedimiento preferente y sumario. Dado que el propio Juzgado había acordado el día 5 de diciembre la medida cautelar de suspensión, en nada perjudicaba al interés general la notificación en septiembre.

II.      Se dice textualmente en la sentencia que en los supuestos de una eventual colisión de derechos fundamentales en juego impediría amparar en el ejercicio del derecho de huelga el acuerdo impugnado porque “con la huelga se tratan de defender intereses que, por muy respetables y fundados que sean, afectan al grupo que la plantea”. Loable manifestación que es significativo que ni el juzgador ni la fiscalía se hayan decidido acoger durante los meses de febrero a abril de 2008 cuando la huelga de los cuerpos tramitadores paralizó absolutamente la Administración de Justicia para todos los ciudadanos, sin distinción alguna en cuanto a recursos económicos, produciéndose, tan solo en Asturias, hasta 16.000 suspensiones de vistas de juicios. Parece ser que entonces la gradación de derechos se inclinó a los intereses del grupo que la planteaba que, por cierto, contó con apoyo expreso de Jueces, Secretarios y Fiscales, quienes incluso animaron a los funcionarios a seguir con sus reivindicaciones. ¿Se aplicará la doctrina de esta sentencia en el caso de que cualquier colectivo de empleados públicos al servicio de la Administración de Justicia, sea del nivel que sea, ejerza a su vez el derecho de huelga? ¿Intervendrá entonces la fiscalía para salvaguardar el derecho de los ciudadanos a un proceso sin dilaciones indebidas?

III.    Uno de los aspectos más extraños lo ofrece la sentencia en el párrafo que dice textualmente “pues lo que quiere la Constitución es proteger al detenido con la asistencia técnica de un letrado, que le preste su apoyo moral y ayuda profesional en el momento de la detención, garantizando con su presencia que los derechos constitucionales del detenido son respetados”. Dejando al margen la cuestión de que un Juez de lo Contencioso no es intérprete autorizado de la Constitución y que tal aserto no se encuentra avalado no ya por el texto constitucional, sino por ninguna sentencia del único órgano autorizado para interpretar dicha norma, lo cierto es que dicha tesis es insostenible, no sólo porque ningún texto legal ni ningún Tribunal de Justicia puede obligar a un letrado a prestar apoyo moral a nadie (y si no, dígasenos en el caso de los letrados adscritos al turno de violencia de género cómo ha de manifestarse ese apoyo moral, por ejemplo), sino porque con la misma se destruirían todas las instrucciones penales, dado que según se nos dice que ese apoyo moral y asistencia técnica ha de ofrecerse “en el momento de su detención” y no en el de prestar declaración en Comisaría o en el Juzgado.

IV.   Por último, entendemos que la resolución consagra especialmente la desigualdad jurídica al indicar que no puede compararse la situación de los letrados con la huelga de empleados públicos “ya que en un caso se trataba de una huelga de funcionarios y en otro de la suspensión de un servicio por parte de letrados del turno de oficio que no reúnen dicha condición”, lo cual supone, a nuestro entender, privilegiar a unos colectivos sobre otro sin base constitucional ni legal alguna.

Dado que de los profesionales vinculados a la Administración de Justicia ya han ejercido el derecho de huelga Magistrados, Jueces, Secretarios Judiciales y personal tramitador, parece ser que somos únicamente los Letrados, los únicos que no tienen la condición de empleados públicos, quienes nos encontramos ayunos no ya de todo instrumento efectivo tendente a lograr una dignificación de nuestra profesión, sino de todo apoyo unos colectivos de empleados públicos que, cuando ejercieron su derecho de huelga, solicitaron expresamente el apoyo no ya del colectivo de letrados y procuradores, sino de toda la sociedad.

Razones todas ellas por las que, desde la Asociación “El Patio de mi Colegio”, anunciamos la interposición del pertinente recurso frente a una resolución judicial que, al margen el respeto debido que nos merece, no resulta ajustada a Derecho y, por lo tanto, consideramos debe ser revocada de plano por Tribunal competente para ello.

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