EL DESGOBIERNO COLEGIAL.

Raffles

En fecha tan temprana como 1789, el artículo decimoquinto de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano estableció que “La sociedad tiene el derecho de pedir cuentas a todo agente público de su Administración”. En fechas más recientes, el artículo 36 de la Constitución española de 1978 estableció que “La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos”. Pues bien los actuales rectores desconocen absolutamente el primero de los preceptos y en cuanto al segundo, parece como si el texto constitucional fuese para los actuales miembros de la Junta de Gobierno algo cuya sola cita o presencia les produjese urticaria. Pero es que si uno desciende a la regulación del estatuto del colegio (que incluye algunos aspectos tan extraños como hablar en su artículo 5 de “funciones de los Colegios de Abogados en su ámbito territorial” [sic] como si este precepto tuviera por destinatario a cualquier colegio de abogados y no sólo al de Gijón) la cuestión se torna aún más preocupante, pues el artículo 39 únicamente otorga al colegiado dos escuálidos derechos (mas la inevitable “coletilla” residual de “aquéllos otros que les confieran el Estatuto del Colegio” ). Pero el contenido en el artículo 39.a de los mismos es absolutamente esencial: “Participar en la gestión corporativa”. Ello no implica únicamente el ejercicio del derecho de petición y de acceso a los cargos directivos (inherente a la propia condición de colegiado) sino a acceder y recabar de las autoridades colegiales todos los datos necesarios para poder ejercitar el derecho de participación en la gestión corporativa para que, a la hora de tomar decisiones relativas al ejercicio de dicha participación, pueda hacerse con datos fehacientes, reales y concretos y no con meras elucubraciones o hipótesis.

Llamo la atención de los colegiados sobre la idea que la actual Junta de Gobierno tiene del derecho de participación del colegiado en la gestión corporativa, que parece limitarse a que el profesional haga la ola a todo lo que las preclaras mentes rectoras decidan. Pues bien, ni es así ni debe ser así. Un profesional que se encuentra vinculado a una corporación como el Colegio de Abogados de Gijón (y puedo asegurar que más del noventa por ciento con una alegría tal que si se eliminara la colegiación obligatoria –hecho que da repelús a la casta dirigente- no permanecerían ni un centenar de letrados en la organización) tiene el derecho positivo y moral a recabar de la Junta de Gobierno todos los datos y elementos que estime necesarios. Póngase, por ejemplo, ese artículo tan sistemáticamente incumplido por los dirigentes del colegio, cual es el artículo 114 en sus párrafos 2 y 3. Este último precepto ofrece suculentas posibilidades (“Los colegiados en número superior al 1 por 100 del censo podrán formular petición concreta y precisa sobre cualquier dato relativo al ejercicio económico”). Claro que teniendo en cuenta el respeto que los actuales rectores del devenir colegial tienen por el texto constitucional no es para ser muy optimista respecto al cumplimiento de un vulgar estatuto colegial. Existen actuaciones del Colegio de Abogados que claman al cielo y que en cualquier país civilizado hubieran provocado en los dirigentes una estratégica dimisión y un alejamiento absoluto de cualquier intento de perpetuarse en los cargos. La nefasta gestión colegial en las reivindicaciones del turno de oficio (tema que, al parecer, la Junta de Gobierno ha dado por finiquitado); la absoluta desigualdad de trato que el decano dispensó a los profesionales, dividiéndolos en “buenos” (los que le apoyaban) y “malos” (los que discrepaban de su gestión); la desidia administrativa hasta el punto de que solicitudes por escrito realizadas por letrados a título particular duermen el sueño de los justos. En este último aspecto cuento una anécdota muy concreta: cuando quien suscribe presentó un recurso de alzada ante al Consejo de la Abogacía frente a un acto colegial, siendo consciente de la celeridad y eficacia de la persona encargada del registro, opté por presentarlo a través de correo certificado, llegando a su destino en cuatro días, mientras que otros compañeros que ingenuamente optaron por utilizar la “ventanilla” colegial vieron cómo su escrito estuvo retenido en las dependencias colegiales casi un mes.

El gran administrativista y excelente escritor Alejandro Nieto dedicó varias de sus obras a lo que denominaba “desgobierno” (así, “La organización del desgobierno”, “El desgobierno judicial” o “El desgobierno de lo público”). Temo que si el profesor Nieto decidiese abordar la un tema como este necesitaría cinco tomos dobles. Porque los principios de eficacia, eficiencia, celeridad, coordinación, atención al colegiado son los grandes desconocidos de este gigantesco e inmenso agujero negro conocido en esta villa como Colegio de Abogados de Gijón, cuya idea de estructura interna y funcionamiento democráticos parecen apuntar al sistema ideado en su momento por el organicismo krausista.

I am RAFFLES – AMATEUR CRACKSMAN

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