ASÍ NOS DEFIENDE EL COLEGIO DE ABOGADOS. ¿REQUERIMIENTO O INMENSA TOMADURA DE PELO?

Carta

 

RafflesLos letrados gijoneses tienen su propio agujero negro, un espacio caracterizado por el vacío más absoluto pese a estar físicamente ubicado en las dependencias del edificio judicial sito en la calle Decano Prendes Pando; en otras palabras: el Colegio de Abogados de Gijón. Aunque quien suscribe, por continuar con el símil astronómico, tiene ya serias dudas de si es un agujero negro o una enana blanca, porque los dirigentes de dicho ente como tales (como enanos) son tratados por cualquier funcionario de cualquier Administración. Pero vayamos al caso que nos ocupa.

En el encabezamiento al presente post se ofrece la carta que Raffles, el ladrón aficionado, recibió la pasada semana de nuestro ínclito colegio profesional (que pueden ver en tamaño natural al final del post). En dicha misiva se dice que el colegio “ha sido requerido” por la Administración autonómica para que facilite ciertos datos como el número de atestado policial o diligencias judiciales o, lo que es más chocante, el número de expediente asignado por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Además, para remitir la información al Principado, se nos “ruega” que facilitemos los datos antes del día 13 de noviembre a nuestra nunca bien ponderada corporación. Teniendo en cuenta que el autor de estas líneas ha consignado todos los datos en los justificantes aportados al colegio (salvo el número de expediente asignado por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita), no alcanzo a entender el sentido de dicha epístola que, por cierto, el sagaz lector habrá observado que no viene firmada por el señor Decano (¡cómo va a ser él quien de una mala noticia, por Dios!), sino por el Secretario señor Estrada. De todas formas, me permito recordar a los lectores del blog y a toda la profesión letrada en general, los siguientes aspectos:

1)      En primer lugar, ¿Acaso no conoce nuestra Junta de Gobierno la legislación del régimen jurídico de las Administraciones Públicas? Porque creo recordar que el artículo 35.f establece como un derecho del ciudadano, en su relación con las Administraciones públicas (y en este caso el colegio, aunque por delegación, lo es) “no aportar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate o que ya se encuentren en poder de la Administración actuante”. Dado que la Administración del Principado de Asturias exige unos datos que ya obran en su poder (la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita se encuadra, a través de la Dirección General de Justicia, en la Consejería de la Presidencia) ¿Se planteó siquiera la corporación alegar tal particular? ¿Acaso la Administración autonómica no tiene unos empleados públicos (cuyos emolumentos salen de nuestros impuestos) que simplemente con apretar un botón de su equipo informático pueden acceder tales datos?

2)      ¿Recuerdan ustedes aquélla inolvidable e impagable sesión de autobombo que se hizo a mayor gloria del señor Decano en el programa “La lupa” de Canal 10, donde, contestando a preguntas de Juan Neira, prácticamente dio por hecho que se iban a reducir las cargas burocráticas que pesan actualmente sobre los letrados (información que saltó a la prensa escrita al día siguiente acompañada de una generosa fotografía con un sonriente decano)? ¿Acaso no recuerdan ustedes la Circular 31/2009 donde el firmante de la misma indicaba que esperaba solucionar tal problema en la “próxima reunión” que tendría con la Consejería el mes de mayo? Mentira sobre mentira……

3)      ¿Realmente necesitamos para esta absurda pantomima unos entes caducos, innecesarios, desfasados, vetustos, y en definitiva, decimonónicos, que únicamente sirven como “intermediarios” entre la Administración del Principado y el letrado? Ello me trae a la memoria la espléndida e imprescindible película de John Ford “El hombre tranquilo”, ambientada en la católica Irlanda y donde la tradición imponía la figura del “intermediario” a la hora de poner en contacto a un hombre con la familia de su pareja. Y no sigo con las comparaciones para que no me tachen de malévolo (únicamente, y para los iniciados, adelanto el nombre de Cohan).

 

Thomas Paine, un pensador inglés del siglo XVIII, escribía en su obra Common Sense que “Los gobiernos absolutos (a pesar de ser una desgracia para la naturaleza humana) tienen esta ventaja: que son simples; si el pueblo sufre, sabe la causa de donde surge sus sufrimientos, conoce asimismo el remedio y no anda preocupado con la variedad de causas y cuidados. Sin embargo, la Constitución de Inglaterra es tan desorbitadamente compleja que la nación puede sufrir durante años sin ser capaz de descubrir en qué sitio reside la falta; unos dirán que en tal lugar y otros que en aquel otro, y cada médico de la política aconsejará una medicina diferente”. Algo parecido ocurre con el Principado y el Colegio de Abogados, que a la hora de asumir la responsabilidad de un error, ninguno es competente: el Principado dirá que es el Colegio de Abogados y éste que es un mero “gestor” o “colaborador”, en otras palabras, una “entidad colaboradora” de la Administración del Principado, tirándose la pelota el uno al otro para escurrir ambos el bulto, cubriéndose mutuamente las vergüenzas por aquello del “hoy por ti, mañana por mí”.

¿Por qué no informa el señor Decano de esta eventualidad (el requerimiento del Principado) mediante una de esas circulares que tan aficionado a perpetrar y con las que tan frecuentemente nos obsequia? ¡Ah!, claro, se me olvidaba, estamos en periodo electoral y hay determinadas cosas que conviene queden ocultas bajo siete llaves o, cuando menos, que se les de la menor trascendencia posible. Pues bien ¿Cuántas cosas más se nos están ocultando?

Carta

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