SOBRE LA LEY ÓMNIBUS Y LA TOTAL DESINFORMACIÓN EN QUE NOS TIENE EL COLEGIO DE ABOGADOS. “¿DEBERES HECHOS”

Ya está aquí, y con plena vigencia además, la Ley 25/2009 de 22 de diciembre de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, más conocida como “ley ómnibus”. Dicha ley, publicada en el Boletín Oficial del Estado del día 23 de diciembre de 2009, entró en vigor el día 27 de dicho mes, tal y como establece la Disposición final quinta del meritado texto legal.

Según nuestro flamante decano reelecto, señor Herrero, al colegio de abogados de Gijón la normativa le coge “con los deberes hechos”, pero o mucho me equivoco o esos deberes el decano los habrá realizado al nuevo estilo del artículo 20.2 del Acuerdo aprobado el 29 de septiembre de 2009 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla (es decir, en lo que vulgarmente se ha denominado “derecho a copiar”). Porque me llama la atención que una persona tan profundamente apegada al hábito del envío de circulares, incluso con temas irrisorios como torneos de mus o viajes lúdicos, y tan encantada de lucir su faz públicamente no haya ofrecido la más mínima información no ya sobre la entrada en vigor de dicho texto legal (¡ojalá!) sino sobre la incidencia que la misma tendrá sobre los profesionales. No obstante, para suplir esa grave carencia de información oficial del colegio, recomiendo encarecidamente a los lectores que lean las, como siempre, lúcidas reflexiones que realiza sobre la materia un brillantísimo magistrado especialista en lo contencioso-administrativo en su indispensable blog sobre derecho administrativo.

No obstante, no tengo duda alguna de que el señor Herrero estará madurando y rumiando (más lo segundo que lo primero) el cómo organizar con otros jerifaltes de la Organización Corporativa Nacional el modo de hacer presión sobre los poderes públicos para evitar que la colegiación obligatoria de los letrados se transforme en voluntaria. Porque, eso sí, estoy totalmente seguro de que nuestro mandamás tendrá grabado a fuego el tenor literal de la Disposición Transitoria Cuarta de dicha ley:

En el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, remitirá a las Cortes Generales un Proyecto de Ley que determine las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación.

Dicho proyecto deberá prever la continuidad de la obligación de la colegiación en aquellos casos y supuestos de ejercicio en que se fundamente como instrumento eficiente del control del ejercicio profesional para la mejor defensa de los destinatarios de los servicios y en aquellas actividades en que puedan verse afectadas, de manera grave y directa, materias de especial interés público, como pueden ser la protección de la salud y de la integridad física o de la seguridad personal o jurídica de las personas físicas.

Hasta la entrada en vigor de la mencionada Ley se mantendrán las obligaciones de colegiación vigentes

El segundo párrafo es tan absolutamente vago y difuso que igual valdría para imponer la colegiación obligatoria para los instaladores y revisores del gas como para cualquier tipo de funcionario público.

En fin, que como siempre en el Colegio de Abogados de Gijón la regla general es la desinformación total y absoluta. Mantener al colegiado en la ignorancia es el mejor remedio para la dominación.

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